Justicia
Juan Pérez Mas destaca el papel de los Servicios Jurídicos como garantes de la legalidad y defensores de los intereses de la comunidad
La Dirección General cuenta con 24 letrados y gestiona anualmente más de 2.800 nuevos procedimientos judiciales, además de cerca de 800 informes jurídicos anuales
El director general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, Juan Pérez Mas, ha destacado el papel de los Servicios Jurídicos como garantes de la legalidad y defensores procesales de los intereses de la comunidad autónoma. Así lo ha indicado en su comparecencia ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, en la que ha informado de las líneas generales de actuación de su Dirección General durante la presente legislatura.
En su intervención, Pérez Mas ha remarcado que la misión principal de la Dirección General es “garantizar la legalidad de la actuación administrativa del Gobierno de Aragón y del sector público autonómico”, así como defender judicialmente los intereses de la comunidad autónoma, del Ejecutivo aragonés y del sector público autonómico.
Pérez Mas ha explicado que la Dirección General de Servicios Jurídicos constituye un órgano de carácter transversal y perfil técnico-jurídico, con funciones de asistencia jurídica de especial relevancia para la Administración autonómica, ajenas a la gestión política o administrativa. Asimismo, ha recordado que su funcionamiento y atribuciones están definidos por la normativa autonómica, que le encomienda la representación y defensa en juicio, así como la dirección y coordinación de la asistencia jurídica consultiva y contenciosa de la comunidad autónoma y su sector público institucional.
“La principal misión de la Dirección General de Servicios Jurídicos es defender el interés general y velar por el pleno sometimiento del Gobierno de Aragón a la Ley y al Derecho”, ha señalado el director general durante su comparecencia este lunes en el parlamento.
Dada esta especial naturaleza técnica de la dirección general, ha resaltado la especialización de los profesionales que integran los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón. Actualmente, la Dirección General cuenta con 24 letrados de la comunidad autónoma y ocho funcionarios de apoyo administrativo, distribuidos entre Zaragoza, Huesca y Teruel. Los letrados acceden a través de procesos selectivos “altamente exigentes y desarrollan su labor bajo los principios de unidad de criterio jurídico e independencia funcional”.
Garantizar la legalidad
En el ámbito consultivo, la Dirección General presta asesoramiento jurídico a los distintos departamentos mediante la emisión de informes jurídicos, el asesoramiento directo y la asistencia jurídica en órganos colegiados. En algunos casos, esa labor consultiva es preceptiva por disposición legal o reglamentaria, como en proyectos de ley o reglamentos, en bases reguladoras de subvenciones públicas, pliegos de contratación y otras actuaciones administrativas de especial trascendencia.
En otros casos, es meramente facultativa, en función del interés o necesidad de los órganos gestores. Los informes no tienen carácter vinculante, salvo que la ley indique lo contrario, sin perjuicio de que debe motivarse la actuación que se aparte de ellos.
La actividad consultiva mantiene una evolución creciente, superando de media anual los 700 informes jurídicos y con previsión de alcanzar en 2026 los 800 informes.
Además de esta función, la Dirección General participa en numerosos órganos colegiados de la comunidad autónoma, entre ellos el Consejo Consultivo de Aragón, la Junta de Contratación Pública, el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Tribunal Aragonés del Deporte o los consejos de administración de las sociedades mercantiles autonómicas. También forma parte desde esta legislatura de la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, “con el objetivo de reforzar la legalidad de las decisiones que se elevan al Consejo de Gobierno”.
Defensa procesal
La defensa procesal ante los diferentes órganos jurisdiccionales constituye la principal área de actividad de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, que viene asumiendo en los cuatro últimos años, con una media anual de 2.816 asuntos y aproximadamente 120 pleitos por letrado y año.
La mayor parte de estos procedimientos corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa, con una media anual estimada de 1.250 asuntos en ese periodo, seguida de la jurisdicción civil, con 550 procedimientos; la jurisdicción social, con 500; y la penal, con 250.
El director general ha mencionado también la intervención de los Servicios Jurídicos en diversos procedimientos ante el Tribunal Constitucional, tanto mediante la interposición de recursos como en la defensa de normas aprobadas por Aragón. Entre los asuntos señalados figura la defensa de la Ley de Energía de Aragón (Ley 5/2024, de 19 de diciembre, de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial en Aragón), cuyo levantamiento de suspensión fue acordado por el Alto Tribunal. En estos últimos tres años, también se ha actuado en procedimientos ante el Tribunal de Cuentas.
Asistencia jurídica a empleados públicos
El director general ha recordado también la labor que desempeña la Dirección General en la defensa jurídica de los empleados públicos cuando se ven inmersos en procedimientos derivados del ejercicio legítimo de sus funciones. Esta asistencia se presta a los empleados públicos que lo solicitan, con la conformidad de su departamento y previa autorización de la Dirección General, para prevenir conflictos de interés.
Pérez Mas ha concluido resaltando la importancia de disponer de una estructura técnica especializada que permita garantizar la seguridad jurídica de la actuación pública y ofrecer una defensa eficaz de los intereses de Aragón ante los tribunales, contribuyendo al correcto funcionamiento de la Administración y al fortalecimiento del Estado de Derecho en la comunidad autónoma.