El Consejo de Gobierno rechaza declarar zonas de mercado residencial tensionado en Aragón

El Consejo de Gobierno ha acordado recientemente rechazar la tramitación de procedimientos para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) en Aragón, tal como ha comunicado hoy en rueda de prensa el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López.

Tras hacer balance de sus casi tres años de gestión marcados por el impulso de más de 3.000 viviendas públicas, frente a las 86 lanzadas en el periodo 2015-2023 y las 1.289 que conforman el actual parque de vivienda pública en Aragón, Octavio López ha expuesto las razones que han llevado al Ejecutivo autonómico a adoptar la decisión para no aplicar las ZMRT en la comunidad autónoma.

El titular de Viviendas ha manifestado que “la decisión se fundamenta en el pleno ejercicio de las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de vivienda, avaladas por el Tribunal Constitucional, así como en los informes y datos prácticos que demuestran los efectos perjudiciales que el control de precios de alquiler ha generado en los territorios donde se aplica”.

UNA POTESTAD AUTONÓMICA

El acuerdo se sustenta en que el Estado carece de competencias para imponer la aplicación de las ZMRT y en que el artículo 71.10ª del Estatuto de Autonomía otorga a Aragón la competencia exclusiva en materia de vivienda. Esta facultad queda refrendada por el artículo 18.1 de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, el cual determina que las Administraciones competentes "podrán" declarar dichas zonas.

López ha recordado que esta naturaleza opcional y voluntaria fue ratificada por el TC en su Sentencia 79/2024, de 21 de mayo de 2024, aclarando que aquellas comunidades autónomas que decidan no aplicar esta figura no estarán incumpliendo la ley, sino ejerciendo una facultad potestativa, y ha señalado que “el Gobierno de Aragón defiende que la limitación de las rentas a la propiedad privada constituye un sistema expropiatorio parcial sin indemnización que traslada a los particulares una carga que corresponde constitucionalmente a los poderes públicos”.

LA ‘LECCIÓN’ CATALANA

Para evaluar la eficacia de la medida, el Gobierno de Aragón ha tomado como referencia el caso de Cataluña, territorio donde el control de rentas se aplica desde marzo de 2024. A partir del Informe sobre la conveniencia de introducir un sistema de control de renta de los alquileres residenciales en las Illes Balears, elaborado por los expertos Sergio Nasarre y Santiago Ariste para la Cátedra Unesco de la Universitat Rovira i Virgili, se constatan graves efectos contraproducentes de la aplicación de las ZMRT en Cataluña:

1) Reducción severa de la oferta: se ha registrado un descenso significativo en el número de contratos de alquiler residencial ordinario formalizados tras la entrada en vigor de la medida.

2) Evolución alcista de los precios: los precios del arrendamiento por metro cuadrado no han bajado, sino que se mantienen elevados y muestran una tendencia al alza.

3) Fuga hacia otros mercados: parte de la oferta de vivienda se ha desplazado hacia modalidades excluidas de las limitaciones, como el alquiler de temporada, por habitaciones y de uso turístico, o directamente hacia el mercado de compraventa.

4) Pérdida de calidad y superficie: se constata una reducción del tamaño medio de las viviendas disponibles y se advierte de un riesgo de deterioro de los inmuebles por la falta de inversión en su conservación a medio y largo plazo.

5) El denominado ‘efecto frontera’: la caída de la oferta en los municipios regulados ha disparado la demanda y ha encarecido artificialmente los precios en los municipios limítrofes no restringidos.

LA ALTERNATIVA ARAGONESA: INCREMENTO DE LA OFERTA

Para evitar esos efectos nocivos y en línea con las recomendaciones del Banco de España y el Plan Europeo de Vivienda Asequible, para el Gobierno de Aragón “la solución al problema habitacional no pasa por la regulación de precios privados, sino por el aumento de la oferta de promoción pública”, ha sentenciado el consejero de Vivienda. Por ello, el Ejecutivo autonómico continuará impulsando con firmeza su modelo a través de las siguientes herramientas y planes propios:

1) Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030: puesto en marcha en marzo de 2024, implementa programas específicos según la diversidad territorial y demográfica de la comunidad autónoma. Como parte del mismo, destaca el programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’, en base al cual se están impulsando casi 500 viviendas destinadas a los trabajadores en los 43 municipios con más actividad turística, con una inversión superior a los 80 millones de euros.

2) Directriz Especial de Viviendas Dotacionales Públicas: amparada en el artículo 15 de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda y aprobada mediante el Decreto 128/2024, de 17 de julio, esta directriz ha permitido resolver procedimientos para la construcción de casi 3.000 viviendas públicas en sus dos años de vigencia. El modelo se sustenta en fórmulas de colaboración público-privada mediante concesiones sobre suelos de propiedad pública.

En base a todo lo anterior, Octavio López se ha reafirmado en que “en Aragón no se tramitarán procedimientos para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado hasta que no se disponga de informes científicos que contradigan los efectos negativos derivados de estas regulaciones”. El Gobierno de Aragón seguirá impulsando su política de vivienda centrada en el incremento de la oferta de vivienda pública o con algún régimen de protección como la vía más eficaz para moderar los precios y garantizar el derecho a una vivienda digna.

“No vamos a aplicar Zonas de Mercado Residencial Tensionado porque tenemos una alternativa más efectiva consistente en el incremento de la oferta en los 43 municipios más turísticos de Aragón, para que los trabajadores del sector dispongan de 488 viviendas de alquiler asequible con una inversión de 80 millones de euros para solucionar el problema de la vivienda en esas zonas, sin distorsionar el mercado y sin aplicar recetas que perjudican a propietarios e inquilinos, mediante la reducción de la oferta y la subida aún mayor de los precios”, ha concluido López.