Susín denuncia el “cinismo institucional” del Gobierno de España y reclama respuestas para planificar la acogida de menores

Detrás de la inexistente política migratoria del Gobierno de España “sólo hay un interés”: la “utilización” de la inmigración y de la atención a los menores migrantes no acompañados, competencia de las CCAA, para "crispar el clima político y social" y "azuzar a la ultraderecha" por parte de la izquierda. En estos términos ha descrito la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, “el cinismo institucional” que está ejerciendo La Moncloa en todo lo relacionado con el traslado impuesto de cientos de menores vulnerables desde Canarias a toda la Península, con la excepción de Cataluña y País Vasco.

Durante su intervención ante el Pleno de las Cortes este jueves la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia ha abordado la obligada acogida de menores extranjeros no acompañados que llevará a cabo Aragón en los próximos meses. Susín ha comparecido a petición propia y de los grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Unida y Vox para poner de manifiesto la compleja situación en la que se encuentra el sistema de protección de menores autonómico y explicar cómo está planificando el Gobierno de Aragón –“a ciegas”, ha aseverado– la llegada de los menores que el Estado ha decidido que le corresponde atender a la Comunidad Autónoma dentro de un reparto que se ha hecho “invadiendo competencias autonómicas, sin diálogo, sin negociación y sin respetar la Ley de Extranjería y los derechos de los menores”, ha destacado.

“El Gobierno de Aragón, todas las CCAA gobernadas por el Partido Popular y Castilla-La Mancha hemos recurrido al Tribunal Constitucional ese Real Decreto y todas bajo los mismos argumentos; también Castilla-La Mancha”, ha recordado Carmen Susín, que ha vuelto a criticar “un reparto arbitrario que excluye a Cataluña y al País Vasco y que además interfiere en la autonomía financiera de las CCAA”. “Y sí, hemos recurrido y recurriremos todos los actos normativos y administrativos que cuelgan de ese Real Decreto porque es en los tribunales donde se dirimen las discrepancias, señorías, y este Gobierno respeta el Estado de Derecho y respeta a los jueces, sean cuales sean sus resoluciones”.

Así, además de atender aquellos jóvenes que serán trasladados a Aragón al amparo de ese reparto impuesto, sin fecha conocida o comunicada, la Consejera ha señalado en el Pleno de este jueves que un número significativo de menores extranjeros no acompañados llegan a la Comunidad por otras vías a un sistema que lleva años tensionado: “Muchísimos, el goteo es diario, los traen sus padres y los dejan en las puertas de los centros y de las comisarías”, ha relatado. Otros, ha continuado, llegan a Aragón “camuflados” entre adultos y también hay casos de “adultos que se declaran menores”, cuya acogida es obligatoria para las CCAA hasta que se realicen las pruebas de determinación de edad y la Fiscalía emite el decreto correspondiente.

En 2024, ha recordado Susín, Aragón ha acogido a un acumulado de 494 de estos menores a lo largo del pasado año, el equivalente a "un menor extranjero no acompañado por cada 2.738 habitantes". "Quiero señalar esta cifra porque cuando se utilizan argumentos como el 'esfuerzo de acogida'" para justificar "la imposición del reparto" y "excluir a determinadas CCAA", ha remarcado, un argumento "falso". Con los datos son oficiales, colgados en la web de la Generalidad, en 2024 Cataluña acogió (en acumulado) a 2.643 menores extranjeros no acompañados; es decir, a un menor cada 3.069 habitantes.

En este contexto, en paralelo a la interposición de recursos judiciales y pesar de no tener ninguna información por parte del Estado, la DGA ha trabajado en los últimos meses para adaptar su sistema de protección de menores y posibilitar la creación de nuevas plazas que puedan activarse. Por ello se ha contactado en los últimos meses con particulares, entidades religiosas y los obispados de las tres provincias en una búsqueda de espacios adecuados y dignos para esa futura acogida.

Además a principios del pasado mes de agosto el Departamento de Bienestar Social y Familia remitió una carta dirigida a agentes locales, comarcales y provinciales que habían mostrado su compromiso y capacidad de acogida en anteriores contingencias migratorias para solicitarles la puesta a disposición de espacios o su intermediación para comprarlos o alquilarlos. Susín ha agradecido en su intervención a los Alcaldes “de todos los colores políticos” que han ofrecido espacios físicos para albergar centros de menores tras recibir esa solicitud por parte de la Consejería: todos ellos se van a visitar y valorar.

Asimismoha instado a los Ayuntamientos y Comarcas que no respondieron en plazo a dicha misiva –también aquéllos que han declarado públicamente que pondrían recursos a disposición– a que atiendan al llamamiento, o comuniquen que no cuentan con espacio disponible alguno; por último ha pedido responsabilidad a quienes han difundido “bulos sobre la apertura de centros de menores en sus pueblos”.

Responsabilidad frente un reparto arbitrario y sin diálogo

La compareciente ha criticado con dureza la decisión del Gobierno de España de “romper con todos los consensos e iniciar una reforma de la Ley de Extranjería para imponer el reparto [de menores migrantes] a las CCAA”. A pesar de la “imposición” y las “amenazas” recibidas por parte de varios Ministros y del propio Presidente del Gobierno, Susín ha reiterado el compromiso de la DGA con el cumplimiento de la legalidad y el respeto absoluto al Estado de Derecho: “Aragón cumplirá la Ley que le obliga a la acogida de 251 menores”, ha afirmado. También ha asegurado que exigirá al Estado que cumpla “la normativa autonómica del sistema de protección de menores” y ha vuelto a denunciar la total falta de información sobre los menores que deben ser acogidos.

Carmen Susín se ha referido a “la falta de voluntad de diálogo” por parte del Estado en todo este proceso e incluso de cara a la preparación de la próxima Conferencia Sectorial: ha indicado que el Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado a los Directores Generales con quienes se ha de acordar y redactar el orden del día de la próxima Sectorial por correo electrónico, en vez de hacerlo en una reunión presencial o por videoconferencia: “El que quiera opinar, que lo haga por correo electrónico: ésa es la voluntad de acuerdo”, ha lamentado la Consejera.

La Consejera de Bienestar Social y Familia ha recordado una vez más en el hemiciclo que no ha habido respuesta alguna del Gobierno de España ante las reiteradas solicitudes de información elevadas desde el Departamento, que sigue sin conocer siquiera el número definitivo de menores que se trasladarán, sus fechas exactas de llegada o el número de menores que viajarán a Aragón en cada uno de esos traslados. 

Tampoco se ha remitido documentación esencial para ofrecer una “acogida digna”, como la identificación de cada menor o datos sobre su situación administrativa, sus características personales y posibles necesidades específicas, su procedencia o idioma materno.

El Gobierno de Aragón ha reiterado en este pleno que seguirá trabajando para planificar la acogida de menores migrantes no acompañados y lamenta tener que hacerlo "a ciegas", sin la mínima información que requeriría una respuesta coordinada ante esta situación. Susín también ha garantizado que el debate jurídico planteado respecto a los criterios de reparto y los posibles vicios de inconstitucionalidad que rodean su elaboración no suponen ningún impedimento para que la DGA trabaje con responsabilidad y lealtad en la organización de los traslados y la acogida de los menores.